Tras unos días de deshojar la margarita, al menos en
apariencia, el gobierno ha decidido mantener la ayuda de 400 euros a los
parados que no reciben otra prestación. Como esta vez no se trataba de recortes,
para variar, a la medida le han salido padres por todas partes: el partido
gobernante se apunta el tanto en su maltrecho marcador de lo “social”, mientras
la oposición intenta disputárselo al afirmar que los populares han cedido a las
presiones socialistas y que su verdadera intención era acabar con la ayuda...
Politiquilla en estado puro. La cuestión de fondo, mucho más útil para la
sociedad, consistiría en saber si los cursos del INEM sirven para algo. El
gobierno lo pone en duda, a la vista del bajo porcentaje de beneficiarios de la
ayuda que acaba encontrando trabajo, y probablemente tiene razón. Donde yerra
clamorosamente, es a la hora de buscar a los responsables del fracaso: no son
los parados, a quienes amenaza frívolamente con retirar la prestación – algún
empresario rancio los quiere mandar a limpiar montes - sino los gestores de los
cursos, los que los contratan, los que los evalúan... es decir, en gran medida,
ellos. El gobierno debería entender que España entera necesita un reciclaje,
con políticos y banqueros en cabeza de la lista. También un reciclaje de los
presuntos recicladores: la educación, a todos los niveles, debería hacer mucho
más por preparar a los españoles para enfrentarse a las dificultades del mundo
real. No siempre es cuestión de dinero, ratios o pizarras digitales;
autoridades educativas y profesores deberían preguntarse qué pueden cambiar
para hacer mejor su trabajo. Mejorar la calidad de la educación debería ser una
prioridad nacional, que comprometiese a todos los partidos. Y dejar la lucha
política para cuestiones menos importantes.
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