La España fumadora anda soliviantada y levantisca. La prohibición total de fumar en espacios públicos cerrados ha caído como una bomba entre los once millones de españoles adictos a la nicotina. Los propietarios de bares y restaurantes auguran pérdidas millonarias, despidos y cierre de locales. Para añadir más leña al fuego estamos los medios de comunicación y los políticos oportunistas. Hoy por hoy, si alguien le abre una ceja a otro en una discusión tabernaria por culpa del tabaco, tiene asegurados sus cinco minutos de gloria warholiana en todos los informativos de España. En la categoría de desfachatez política, el inefable alcalde de Valladolid, con sus declaraciones sobre Leire Pajín, Bertold Brecht y los nazis, ha puesto el listón tan alto que tendrá el efecto saludable de desanimar a cualquier otro que quiera igualarlo. Creo que la ley era necesaria. Probablemente, su entrada en vigor hubiera sido menos traumática en época veraniega, cuando el buen tiempo permite disfrutar de las terrazas al aire libre, pero las urgencias políticas de un gobierno acosado por todos los frentes son las que son. La prohibición de fumar en la entrada de los hospitales, colegios o parques infantiles, es la clásica españolada legislativa, propia de gobiernos que lo quieren hacer todo de una vez y no dejar ninguna medalla que ponerse al que le sustituya. Dudo mucho que se aplique. Sin embargo, hay una cifra devastadora, que debería ser suficiente para acabar con el debate de raíz: cinco mil personas mueren cada año en España por respirar pasivamente el humo del tabaco. Cuando se pone en peligro la vida de los demás, cuando la muerte ronda, las palabras respeto y convivencia se quedan muy cortas. No se pide a nadie que deje de fumar en lugares públicos cerrados. Se le obliga. No es cuestión de gusto por prohibir. Es cuestión de supervivencia.
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