ASESINOS (14/08/2015)

Hace unos meses, en una chopera junto a la carretera, apareció el cadáver de un hombre. Alguien lo había dejado allí tirado, después de liquidarlo a balazos, indocumentado, con la esperanza de que el caso pasara a engrosar la lista de los crímenes sin resolver. Esperanza vana. La guardia civil, a quien se adjudicó la investigación por tratarse de un pueblo pequeño, comenzó a tirar del ovillo y acabó deteniendo a los culpables, un grupo de traficantes que se encontraba de paso en España. Al parecer, se trataba de un ajuste de cuentas porque la víctima viajaba con sus asesinos cuando se produjo el crimen. Este es el tipo de noticias que no llaman demasiado la atención – se trata de un suceso más bien vulgar – pero que describe muy bien la clase de país en el que vivimos: en España, si te cargas a alguien, tienes muchas posibilidades de acabar entre rejas. Un rasgo que distingue a las sociedades avanzadas de aquellas otras que viven más cerca de ese “estado de naturaleza” del que hablaba Rousseau. En las primeras existe una maquinaria policial y judicial muy bien engrasada, es decir motivada y razonablemente bien pagada, para que se cumpla aquel viejo dicho de que quien la hace la paga; en las otras, y tenemos abundantes ejemplos en países centroamericanos, la policía puede llegar a ser tan peligrosa como los mismos delincuentes, y la impunidad suele ser ley aún en los delitos más graves. Estos días de verano, en España, la prensa recoge noticias de asesinatos que se convierten en terriblemente mediáticos. Sin embargo, hay otros de mucho menos relumbrón. ¿Quién investiga y resuelve el asesinato de un extranjero, traficante, con escaso o ningún vínculo con nuestro país? Un cuerpo policial de primer nivel mundial, como el español. Con nuestros impuestos lo pagamos. No me cuesta nada sentirme orgulloso.