Con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, en las sedes de los partidos los ordenadores echan humo atiborrados de encuestas y sondeos. Los jefes de campaña hace semanas que duermen mal. Una subida del petróleo, una manifestación de obispos o un atentado y la intención de voto podría cambiar unos puntos arriba o abajo. Las actuaciones judiciales contra clínicas que presuntamente practicaban abortos al margen de la ley, han sacado ahora el tema a la palestra, para gran desasosiego de unos y otros. La legislación española en la materia no satisface a casi nadie, pero ningún partido con opciones de victoria aboga por modificarla. Y mucho menos ahora. Frente al aborto, la gran mayoría de los españoles nos metamorfoseamos en avestruces. Es un tema que incomoda. El número de abortos practicados no ha dejado de crecer – 97000 en 2006, uno cada cinco minutos -, lo que explica muy bien este fingido desinterés por el problema: son tantos que no será difícil que alguno de ellos nos haya cogido bastante cerca. Son abrumadora mayoría los amparados en el supuesto legal de “grave peligro para la salud psíquica de la madre”. En la práctica, un coladero por el que se legaliza de facto el aborto libre durante las primeras semanas de gestación. Una forma muy española de resolver el problema: se satisface la demanda social, pero dando un pequeño rodeo a la ley. Por desgracia, las cosas mal hechas siempre acaban teniendo su precio. Esa misma legislación defectuosa es la que hace posible que abortos infanticidas de hasta ocho meses, sin ninguna justificación legal, obtengan también el amparo del sistema. Ninguna chapuza sale gratis.
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